La nacionalización de Bankia y su posterior desplome en Bolsa ha desatado el nerviosismo de los miles de clientes que han depositado sus ahorros en el banco. Pero, ¿peligra realmente este dinero?
El propio banco ha publicado un comunicado en el que pide a sus clientes “absoluta tranquilidad”, mientras que otras personalidades como el secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, han asegurado que no sacarán su dinero de la entidad.
Lo primero que hay que señalar es que hay una gran diferencia entre los ahorros de los clientes del banco y las acciones de sus inversores. Los primeros están garantizados por Ley a través del Fondo de Garantía de Depósitos, que protege hasta 100.000 euros por titular y cuenta corriente si el banco se declara en suspensión de pagos.
Así lo establece la reforma legal aprobada por el Gobierno de Zapatero en 2008 tras la quiebra del banco de inversión estadounidense Lehman Brothers. En la actualidad, el FGD cuenta con unos 2.000 millones de euros provenientes de las aportaciones privadas que las entidades realizan.
Además, los clientes pueden acceder a la retirada de sus fondos o depósitos cuando quieran, aunque en algunos casos conlleve la suspensión de los intereses en un principio firmados con la entidad. En este sentido, la intervención no modifica las condiciones de los productos financieros contratados hasta la fecha, como cuentas corrientes o tarjetas de crédito, advierte la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU).
En el caso de las acciones, su precio fluctúa en el mercado de renta variable y no está garantizado. El pequeño accionista solo tiene dos vías de operación: vender los títulos y recuperar una parte de su inversión (el banco ha caído más de un 60% desde su precio de salida a Bolsa) o mantener la inversión a la espera de que las acciones se recuperen.
Pagarés y preferentes, no garantizados
Distinto es el caso de los pagarés, ese producto puesto de moda por los bancos ante las limitaciones que estableció el anterior gobierno sobre la rentabilidad de sus depósitos. En este caso, la inversión no está garantizada y queda sujeta a la solvencia del propio banco.
Las participaciones preferentes son emisiones de deuda cuyos intereses dependen de los resultados de los bancos y no están garantizadas por el Estado. Caja Madrid, por ejemplo, pagaba más de un 7% antes de la crisis, pero hay otras como la CAM que han dejado de pagar esta rentabilidad.
Al ser una emisión de deuda, este producto no está garantizado por el Fondo de Garantía de Depósitos. Y otra desventaja de las participaciones preferentes es que la entidad puede recomprarlas cuando quiera. Por ello, ni son acciones ordinarias, con dividendos y derecho a voto, ni depósitos garantizados con una rentabilidad fija.
Este producto financiero es difícil de colocar ahora en los mercados secundarios, perdiéndose gran parte de lo invertido en él. La alternativa propuesta por las entidades es su canje por acciones, medida con la que salen ganando los bancos porque las acciones computan como capital de cara a las exigencias de la Autoridad Bancaria Europea (EBA), mientras que los clientes se quedan con unos títulos que han perdido mucho valor en los últimos años.
El Mundo
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